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Manifiesto por el derecho a la educación publica de calidad, gratuita, obligatoria y a cargo del estado

La comunidad educativa, las organizaciones sociales y sindicales, las Organizaciones No Gubernamentales, estudiantes, madres y padres de familia, amplios sectores de las universidades públicas, las maestras y maestros organizados en la Federación Colombiana de Educadores FECODE, con la asistencia de más de 1.200 personas, el acompañamiento de la Dra. Katarina Tomasevsky, Relatora de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, la participación de la Internacional de la Educación -IE-, y la presencia de delegados Internacionales de Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Chile, reunidos en el II Foro Nacional en Defensa de la Educación Pública, en la ciudad de Bogotá los días 2, 3 y 4 de octubre de 2003,

DECLARA

La humanidad enfrenta una de las mayores amenazas de la historia : la globalización neoliberal. El poder de las transnacionales, la guerra, la miseria de millones de seres humanos, la colonización cultural y la falta de derechos económicos, sociales y culturales han ido destruyendo sistemáticamente la soberanía de las naciones, el patrimonio público, el precario Estado Social de Derecho, el aparato productivo nacional, la identidad cultural de los pueblos y la educación pública. En particular, el modelo económico y político ha desmembrado nuestras sociedades y ha sumido a nuestros pueblos en la pobreza. En Colombia los pobres superan los 27 millones, de los cuales, 13 millones son indigentes, 4 millones de niñas y niños no tienen acceso a la escuela, la población desplazada alcanza los 2 millones y medio y el conflicto interno acentúa la crisis humanitaria y la violación flagrante de los derechos humanos. Refuerza este contexto de crisis, la política de “Seguridad Democrática” del gobierno nacional y la imposición del Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA -, que con el Plan Colombia, insisten en extender la estrategia de recolonización imperial.

El poderío de las multinacionales y la consolidación de la lógica del imperio constituyen dos aspectos centrales en el agravamiento de la situación de ignorancia, pobreza y muerte como condiciones del modelo neoliberal. Nunca como ahora lo que se ha puesto en juego en el ámbito mundial es la vida misma tanto de los seres humanos y del planeta ; así pues, la política de globalización neoliberal hace aparecer la guerra como principio fundante de las relaciones internacionales, instrumentalizando perversamente el discurso de la paz. En este contexto se hace necesario trabajar por la construcción de un pensamiento educativo crítico y propositivo que le permita a la sociedad civil, a la academia nacional e internacional, inventar formas de resistencia efectivas, y reconocer un mundo alternativo posible. Volver a instalar el pensamiento, ahí, donde el modelo hegemónico ha creado graves vacíos de subjetividad. Hay que reconocer que el modelo neoliberal crea sus propios sujetos desde ámbitos distintos, los cuales hacen posible su existencia y permanencia en el tiempo. Romper esta lógica de coproducción implica convocar la inteligencia educativa y democrática para preservar de otra manera el mundo que hemos de darnos.

El neoliberalismo busca controlar los sistemas educativos para implantar la lógica del mercado y universalizar el pensamiento único. El mercado al sustituir los procesos de formación e identidad cultural mediante los sistemas de ajustes fiscales, privatización, focalización, subsidio a la demanda, la desregulación laboral, la racionalización institucional, la competitividad y la estandarización, conduce a un proceso de serias limitaciones y negaciones para garantizar el derecho fundamental a la educación, gratuita, obligatoria y a cargo del Estado. De este modo, los logros progresivos obtenidos en la Ley 115 se ha visto lesionados y desconocidos. El Acto Legislativo 01 y la Ley 715 han golpeado la autonomía escolar, la financiación estatal, la democracia escolar, la profesionalización docente y la calidad de la educación.

Estas medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional tienen el propósito de aumentar las ganancias de las multinacionales y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los organismos multilaterales, los cuales equivalen al 60% del presupuesto nacional, minando la soberanía nacional y las condiciones de vida y bienestar de la población. Esta política acrecienta la ya impagable deuda externa, que junto con los presupuestos de guerra, impiden el logro de las aspiraciones democráticas de la educación, la ciencia, la cultura, la salud y el deporte.

La flagrante violación de los derechos humanos en Colombia es una afrenta a la dignidad humana que impide garantizar el derecho a la educación. El desplazamiento forzoso y la crisis humanitaria, junto con la ola de asesinatos, amenazas a maestras, maestros y jóvenes, judicializaciones, allanamientos ; además de dejar secuelas en las nuevas generaciones, tiene en vilo a las escuelas colombianas. Del año 2000 a la fecha han sido asesinados 192 docentes de los cuales 58 se han presentado en el actual gobierno, y son mas de 5.000 los amenazados y obligados a abandonar sus escuelas y lugar de residencia ; con ello se busca eliminar la conciencia crítica de la sociedad y a unos de sus principales líderes sociales y políticos ; situación que se agrava con la desatención del Estado para generar procesos de formación permanente y desprotección del derecho a la vida de los educadores y educadoras. El sector universitario ha sido afectado igualmente de manera dramática.

En este marco, la política de “Revolución Educativa” del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha arreciado la privatización y mercantilización de la educación. Adoptando las orientaciones de la OMC y la banca multilateral, ha profundizado el recorte a la inversión social en educación, impuesto un estatuto de desprofesionalización docente, desconociendo la pedagogía, imponiendo un sistema de planes y programas trazados por los organismos internacionales de crédito. La educación pública viene siendo desmontada mediante el sistema de colegios en concesión, la autofinanciación, la compra-venta de servicios y franquicias, la estandarización con indicadores de gestión, la adopción de criterios lesivos a la soberanía nacional y la autonomía escolar, la conversión de la educación en una empresa de producción sujeta al libre mercado de la oferta y la demanda, bajo los estándares financieros de competitividad, rentabilidad comercial y gestión institucional de la “administración racional de los recursos”.

Con el señuelo de una “descentralización”, se congelan y disminuyen los aportes nacionales para hacer descargar en la comunidad el financiamiento de la educación. Se eliminan los derechos y conquistas adquiridas por el magisterio, se disminuye la planta de personal docente con las fusiones de las instituciones educativas eliminando de paso la participación democrática de la escuela y se suprime la autonomía. Aumenta el hacinamiento de estudiantes en las aulas, crecen las tasas de repetición y deserción ; se eliminan los preescolares de tres grados y los colegios nocturnos y técnicos ; se pretende someter a los docentes a evaluaciones punitivas, desvirtuando el sentido formativo, generando divisiones entre maestros y directivos ; y se elimina la función de Inspección y Vigilancia en su carácter de asesoría, apoyo y acompañamiento.

En general, la pobreza, la miseria y el desplazamiento atentan contra las condiciones de permanencia de los niños y niñas en la escuela ; los esfuerzos de cobertura se ven afectados por una de las mayores crisis, como es la deserción escolar, con lo cual queda la infancia y la juventud sumergidas en el desamparo y la violencia.

La situación es igualmente grave en lo que respecta a la universidad pública, víctima de la asfixia económica y de la contrarreforma universitaria que busca el desbarajuste administrativo y académico, sometiéndola al control político, que desmejora y desconoce los derechos a los profesores y personal administrativo, conculcando la autonomía y vulnerando las libertades de cátedra, pensamiento e investigación. Ante la aguda crisis de la educación, el II Foro en Defensa de la Educación Pública manifiesta :

1. Continuar con el proceso de Movilización Social en Defensa de la Educación Pública como derecho fundamental que concitan la opinión pública, la sociedad civil, el parlamento y el país entero. Inscribir la lucha por el derecho fundamental a la educación, en un amplio movimiento de ideas, experiencias, espacios e iniciativas que promueven la recuperación de la dimensión formativa, social, científica, pedagógica y democrática de la educación en condiciones sociales favorables como la nutrición, la salud, la recreación y el tiempo libre.

2. Adelantar un Acuerdo Nacional por el derecho a la educación que convoque las voluntades de los sectores sociales y políticos de la nación identificados con los principios de igualdad y justicia social, hacia el logro de la educación pública de calidad, gratuita, obligatoria y a cargo del Estado.

3. Es fundamental, reconocer los avances y proyecciones del Movimiento Pedagógico, en sus distintas expresiones el Ceid nacional, los Ceid regionales, la revista Educación y Cultura, la Expedición Pedagógica Nacional, los proyectos de innovación de las universidades, los equipos de trabajo, las redes, el trabajo de las agremiaciones universitarias, Organizaciones No Gubernamentales y educativas, de diverso orden ; propender por la recuperación del saber pedagógico, el reconocimiento de la profesión docente y el desarrollo de investigación y experiencias pedagógicas. Este II Foro ha demostrado fehacientemente, pese a las adversidades y la política agresiva del gobierno nacional, el compromiso pedagógico e intelectual, desarrollando proyectos novedosos, organizándose en diversas modalidades de trabajo pedagógico y generando procesos de investigación. En consecuencia, ratificamos nuestra voluntad de convocar par el próximo año el Congreso Pedagógico Nacional que promueva la riqueza de las prácticas docentes.

4. Comprometer nuestros esfuerzos, proyectos y organizaciones en un gran movimiento por la defensa de la educación pública que luche decididamente por su reconocimiento y respeto ante la sociedad y el Estado ; conquiste la gratuidad y obligatoriedad ; obligue al Estado a cumplir los Pactos y Convenios Internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ; promueva la construcción colectiva de un concepto de calidad de la educación basado en la autonomía escolar, las prácticas pedagógicas, la libertad de cátedra, el rescate y desarrollo de la diversidad de etnias, culturas y práctica pedagógicas, el saber pedagógico, la defensa de los derechos políticos, sociales y laborales del magisterio y los profesores universitarios.

5. Fortalecer el sujeto político (maestros, trabajadores, ciudadanos) de la educación y de las políticas públicas, para recuperar las múltiples dimensiones de la participación y la democracia radical ; y emprender un proceso de valoración del magisterio y el saber de lo que le es propio : la pedagogía, hoy atrapada en el sueñuelo autoritario.

6. Promover y consolidar la propuesta de la Mesa de Trabajo por el Derecho a la Educación, a través de múltiples iniciativas como la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que contribuyan a construir una conciencia nacional sobre este derecho como eje articulador de los demás derechos.

7. Impulsar la Constituyente Educativa, a nivel municipal, local, departamental y nacional a través del desarrollo de una red nacional que incorpore los personeros, consejos estudiantiles, asociaciones de estudiantes, profesores, padres y madres de familia, el magisterio, las comunidades educativas y académicas con miras a propiciar el Mandato Educativo Nacional que piense e reinterprete el porvenir de la educación pública, la cultura, la ciencia y el deporte y luche por construir una opción de nación desde la diversidad y la pluralidad.

8. Adelantar un proceso de reflexiones y acciones conducentes a desarrollar una reforma constitucional que modifique los términos del Acto Legislativo 01 y la Ley 715 y, de este modo emprender una dinámica de lucha nacional a favor de la Ley Estatutaria de la Educación que regule el Derecho a la Educación.

9. Defender y desarrollar la Ley General de Educación, en particular, la autonomía escolar, la dirección colegiada de las instituciones educativas y los fines de la educación. Comprometer a los Consejos Directivos a no cobrar los costos educativos en los planteles, para garantizar, realmente el derecho de los niños y niñas a la educación. Recuperar el papel de los Foros Educativos y la Juntas Nacional, Municipales y Departamentales, consagrados en la Ley 115. Exigir la vigencia de los derecho sindicales que se expresan entre otros en las Comisiones sindicales, hoy convertidos en Permisos sindicales, atentando al derecho a la organización sindical.

10. Apoyar y fortalecer el movimiento en defensa de la universidad pública que busca proteger y desarrollar los avances constitucionales y legales en autonomía académica, administrativa, financiera y política ; un mayor y adecuado presupuesto, y el desarrollo de una política de ciencia y tecnología.

11. Incorporar el conjunto de propuestas e iniciativas en un Pliego Educativo Nacional que busque establecer objetivos, acciones y metas comunes de la sociedad civil, las organizaciones sindicales y populares.

12. Comprometernos en la Campaña Nacional de Abstención Activa contra el Referendo para impedir que el autoritarismo se consagre como modelo de dominación y profundice la crisis de la educación pública.

13. Apoyar los esfuerzos por la búsqueda de la solución política negociada al conflicto interno armado y la crisis social.

Finalmente, la constitución de un proyecto de Alterglobalización en oposición al modelo de globalización neoliberal, exige la incorporación de nuevas fuerzas sociales y un pensamiento crítico que articule la lucha por la soberanía nacional, la paz, la justicia social y la democracia, en un torrente de ideas, propuestas e iniciativas hacia otro mundo mejor. El II Foro Nacional en Defensa de la Educación Pública reafirma su propósito de extender y profundizar en todo el país la convicción profunda de que Otra Educación es Posible sobre la base del reconocimiento y protección del Derecho a la Educación con Calidad, Gratuita, Obligatoria y a Cargo del Estado.

Dado en la ciudad de Bogotá D. C. Colombia, el día 4 de octubre de 2003

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